Las lecciones aprendidas de la respuesta al VIH: ONUSIDA advierte de todos los peligros que conlleva el no respetar los derechos humanos en la respuesta a la COVID-19

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Fuente: ONUSIDA 

El informe refleja interrupciones de los servicios del VIH, casos de violencia, acoso, abuso, arrestos, muertes y fracaso por parte de muchos Gobiernos a la hora de respetar los derechos humanos en las primeras respuestas que se dieron a la pandemia. ONUSIDA insta a los Gobiernos a proteger a las personas más vulnerables, especialmente a los grupos de población clave, que corren más riesgo de infectarse por el VIH.

GINEBRA, 27 de agosto de 2020 – Durante las primeras etapas de la respuesta a la COVID-19, ONUSIDA recibió un gran número de denuncias con relación a las interrupciones de servicios del VIH y las terribles violaciones de los derechos humanos de que fueron víctimas los grupos de población vulnerables y marginados. La experiencia que ya tenemos de la respuesta al VIH nos demuestra que las violaciones de los derechos humanos durante una pandemia minan la confianza, dañan a las personas y retrasan las respuestas de salud pública.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha solicitado a todos los organismos de las Naciones Unidas que apoyen los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud de conformidad con sus respectivas áreas de experiencia. Así, para informar mejor de la respuesta que está llevando a cabo, ONUSIDA encargó un informe que recogiera cómo han afectado las órdenes de salud pública y las restricciones al libre movimiento derivadas de la COVID-19 a los derechos humanos y a la respuesta al VIH. Los hallazgos, que no hacen sino reflejar las tendencias imperantes en todo el mundo, revelaron enormes incumplimientos de los derechos humanos, interrupciones de los servicios sociales y sanitarios que suponen una amenaza para la vida, y muchos casos de violencia, abuso y discriminación contra los grupos de población clave y los sectores más pobres y marginados.

El presente informe se ha diseñado para ayudar a los Gobiernos a dar los pasos adecuados para responder a las preocupaciones con relación a los derechos humanos en el contexto cambiante de la COVID-19. «Es un mito lo de que pueda existir un equilibrio entre los derechos humanos y la salud pública», insistió Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Al hablar de derechos humanos, no hablamos de algo intrínseco. Los derechos humanos constituyen también el medio del que disponen los Gobiernos para salir vencedores de una pandemia».

Rights in a pandemic – Lockdowns, rights and lessons from HIV in the early response to COVID-19 (Los derechos en tiempos de pandemia – Confinamientos, derechos y lecciones aprendidas del VIH en las primeras respuestas a la COVID-19) es una instantánea a tiempo que se centra en los primeros días de la pandemia, desde febrero hasta mediados de mayo de 2020, y llama la atención sobre las experiencias de algunas personas procedentes de las comunidades más marginadas y vulnerables. Entre las violaciones constan algunos casos en los que la Policía recurrió a balas de goma, gases lacrimógenos y fustas para hacer cumplir las medidas de distanciamiento social. También hubo detenciones y multas para quienes no usaban mascarilla. Y cuando alguien no podía pagar la sanción, era obligado a permanecer en la cárcel hasta reunir el dinero.

Muchos médicos fueron arrestados y detenidos por ir y venir a las instalaciones sanitarias. También hubo denuncias con relación a mujeres embarazadas que fallecieron ya que, por las estrictas restricciones de movimiento que hubo, no fueron capaces de acceder a los servicios sanitarios. Muchas llegaron a morir al intentar llegar andando al hospital. En una de las denuncias recibidas, se lee incluso lo sucedido al conductor de una moto taxi, quien fue apaleado hasta la muerte por la Policía por saltarse el toque de queda y acercar al hospital a una mujer que estaba de parto.

Rights in a Pandemic (Los derechos en tiempos de pandemia) subraya las 10 áreas que requieren la acción inmediata de los Gobiernos para desarrollar respuestas a la COVID-19 eficaces y basadas en los derechos humanos. Aquí se incluye el adoptar medidas proactivas para garantizar que las personas, sobre todo las pertenecientes a grupos de población vulnerables, puedan acceder a los servicios para la prevención y el tratamiento del VIH. Igualmente el designar y respaldar a trabajadores esenciales, también a las organizaciones lideradas por la comunidad, y el poner en marcha medidas para evitar y abordar la violencia de género.

«El informe llega en un momento muy muy crítico», apunta Felicita Hikuam, directora adjunta de la Alianza para el sida y los derechos en el sur de África. «Por desgracia, parece que no hemos aprendido absolutamente nada de la lección que el VIH lleva tratando de enseñarnos todo este tiempo: las epidemias exponen y exacerban las desigualdades ya existentes, y, además, afectan más negativamente a todas aquellas personas que ya de por sí son marginadas».

Un motivo de preocupación importante es el que tiene que ver con la seguridad durante los confinamientos, especialmente en el caso de las mujeres y las jóvenes, los niños, y los grupos de población clave, incluyéndose aquí los trabajadores sexuales, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. En infinidad de países hay constancia de incidentes relacionados con la violencia de género, la cual se ha incrementado entre un 40-70 %, y las cifras han sido incluso mayores en determinadas ciudades y regiones. Las personas transgénero fueron acosadas y arrestadas por salir de su casa «el día equivocado», de acuerdo con las políticas de confinamiento por razón de género. Los trabajadores sexuales han perdido sus ingresos y ya no tienen derecho a ningún tipo de ayuda económica. Tal y como ONUSIDA no se cansa de repetir, la violencia contra los grupos de población clave y las mujeres y las chicas solo aumenta la vulnerabilidad al VIH.

«El informe da visibilidad dentro del marco de la pandemia a todos aquellos que son empujados a los márgenes de la sociedad», anticipa Elena Reynaga, directora ejecutiva de la red de mujeres trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. «Desde la perspectiva de los derechos humanos, necesitamos Gobiernos que escuchen y pongan en práctica las recomendaciones. Ello supondría un paso al frente para acabar con el sida para 2030 sin dejar a nadie atrás».

En mayo, ONUSIDA advirtió del riesgo que corría el acceso a los servicios para el VIH, los cuales podrían verse interrumpidos durante la pandemia de la COVID-19. Los primeros estudios de modelaje ya entonces demostraron que una gran interrupción del tratamiento del VIH podría dar lugar a 500 000 muertes más relacionadas con el sida en el África subsahariana. Este nuevo informe nos dice ahora que los servicios de tratamiento y prevención para el VIH se vieron interrumpidos en 10 de los 16 países analizados. Algunos de los países denunciaron reducciones en los medicamentos de hasta un 20 % en algunos lugares.  Hubo también múltiples denuncias de personas que viven con el VIH y no disponían de suficientes medicamentos antirretrovíricos para un confinamiento de más de 60 días. Asimismo, se comunicó la situación de ciudadanos que se habían visto obligados a abandonar su terapia del VIH debido a la falta de alimentos.

Además de aprender de las lecciones extraídas de la respuesta al VIH, la pandemia del VIH no se puede olvidar durante esta crisis. «Las comunidades de personas que viven con el VIH y que están afectadas por el virus se han visto una vez más en la encrucijada de la injusticia y la discriminación hacia ellos a raíz de la pandemia de la COVID-19», manifestó Rico Gustav, director ejecutivo de GNP+. «Desde nuestro papel como red mundial de personas que viven con el VIH, pedimos una aplicación de la ley basada en los derechos humanos que respete y reconozca la necesidad de las comunidades marginadas de moverse libremente para acceder a su tratamiento para el VIH y recibir otras medicaciones. Del mismo modo, pedimos que se amplíe la dispensación multimensual de los medicamentos antirretrovíricos para el VIH».

Sin embargo, también son muchos los ejemplos positivos. En 15 de los 16 países analizados, los Gobiernos pusieron en libertad a presos para reducir el hacinamiento y frenar la transmisión de la COVID-19. Allí donde los Gobiernos se aliaron con la sociedad civil y el sector privado, las respuestas a la COVID-19 fueron más positivas e inclusivas. Algunos países proporcionaron medios de transporte gratuitos a partir del toque de queda para garantizar la atención sanitaria en caso de urgencia, mientras que en otros lugares la Policía cambió el poner multas por repartir mascarillas. En algunos países ofrecieron un hogar provisional y alimentos a las personas que vivían en campamentos para desplazados. Otros Gobiernos se comprometieron a no cortar el suministro de agua a los hogares que no abonaran sus facturas, establecieron una moratoria para evitar los desahucios e invirtieron grandes sumas para garantizar la alimentación de sus ciudadanos.

«Las instituciones nacionales de derechos humanos como esta que yo lidero desempeñan un papel fundamental a la hora de velar y proteger los derechos humanos tanto de los más vulnerables como de los que no lo son, especialmente en épocas de crisis y pandemias como las de la COVID-19 y el VIH», expresó Anthony O. Ojukwu, secretario ejecutivo de la Comisión nacional de derechos humanos de Nigeria. «Este informe nos brinda la oportunidad de trabajar mano a mano con instituciones de todo el globo, con el fin de reforzar los controles que ya existen en nuestros países para corregir los excesos, como todos aquellos que se vieron relacionados con la seguridad personal durante los primeros días del confinamiento».

ONUSIDA tuvo también constancia de países que estaban ampliando de tres a seis meses la dispensación multimensual de los medicamentos para el VIH, y de otros que se esforzaron por garantizar el reparto de los tratamientos a domicilio y el suministro de medicamentos basado en la comunidad.

«ONUSIDA reconoce y elogia todos los pasos positivos que se han dado.  Sin embargo, hemos de tener presente que la COVID-19 seguirá con nosotros aún mucho tiempo», señaló la Sra. Byanyima. «Mantenemos firme nuestro compromiso de seguir luchando y alzando la voz por los más vulnerables, incluso inmersos en este entorno hostil que ha creado la COVID-19. Nos valdremos de este informe para llegar a los Gobiernos, las comunidades y los socios. Con los resultados de este informe en mano, les pediremos que se abran al diálogo y que traten de hallar juntos la manera de reformar las leyes, las políticas y las prácticas negativas. Les instaremos a proteger los derechos humanos.

El presente informe parte de Los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19 — Lecciones del VIH para una respuesta efectiva dirigida por la comunidad, publicado por ONUSIDA en marzo de 2020, y el cual suplicaba a los distintos países que se basaran en los derechos humanos a la hora de responder a la COVID-19, y que tomaran como ejemplo las mejores prácticas que se llevan observando en los 40 años de respuesta al VIH.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de FacebookTwitterInstagram y YouTube.